Por Juan Diego Perdomo
Wilson Martínez sale todos los días a las siete de la mañana
en una moto AKT 125 modelo 2010 que le presta su hermano Yoiner para que se
“rebusque” como mototaxista. Un “viernes sin moto” en Cartagena se va de
atrevido a trabajar en El Pozón, barrio en el que reside con su hermano, sus
padres, compañera y tres hijos: “Salí por aquí mismito porque no tenía para el
arroz”. Una joven le sacó la mano y pidió que la llevara a Las Palmeras, el
barrio de al lado. De regreso por la carretera La Cordialidad, a la altura del
motel Indiana, lo paró la policía de tránsito.
Martínez se quitó el casco, se
mandó las manos a la cabeza y arrugó la cara. No tenía excusa “estaba caído”,
cuenta. El policía sacó su comparendera y diligenció la infracción “por violar
la restricción del día sin moto” y enseguida la inmovilizó. Alcanzó a hacer 5
mil pesos en dos horas. Le urgía entonces hacer el trámite para sacarla en el
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte –Datt- sede Marbella.
Entra y lo recibe un “gestor” que no es un funcionario
adscrito a la entidad sino un particular que dice agilizar los trámites, le
sugiere consultar primero en el Sistema Integrado de Infracciones de Tránsito
–Simit- a ver qué multas tiene.
“¡Hijuputa!”, gritó, le registraba diez fotomultas cada una de 350 mil pesos.
Según el Datt en Cartagena hay diez cámaras de fotodetección
ubicadas en diferentes sectores “estratégicos” de la ciudad. Muy bien
mantenidas a diferencia de las de vigilancia.
Wilson llegó hasta quinto de primaria pero le gusta leer, es
inquieto, curioso, preguntón. Meses atrás esperando para una cita médica de su
hija menor leyó en El Tiempo que la Corte Constitucional estableció que para
que las fotomultas pudieran cobrarse, debían notificarse previamente al
supuesto infractor y por vía correo electrónico.
En efecto, la sentencia explica que la Ley 1383 del 2010,
que reformó el Código Nacional de Tránsito –CNT- señala que los comparendos
realizados por medios tecnológicos se deben notificar por correo dentro de los
tres días hábiles siguientes a la infracción. Un abogado que lleva todos los
días a la estación de Transcaribe en el sector de la bomba El Gallo le explicó
también que las fotomultas “desaparecían” a los seis meses.
El mototaxista se acercó al módulo de las “fotomultas” y
cuestionó a una funcionaria por qué nunca le notificaron de las infracciones,
además de que le estaban cobrando cinco de hace siete meses y medio. El CNT en
su artículo 161, establece que las contravenciones a las normas de tránsito
caducan a los seis meses. En este tiempo, el tránsito debe identificar al
infractor; pero si pasado este período no lo hace y aquel no se notifica
voluntariamente, es obligación eliminarla del sistema. Ella sin mirarlo y de
mala gana, le muestra el número de guía del correo certificado que envía el
organismo como notificación. “Ni mi hermano ni yo vivimos ahí, esa no es la
dirección” rebate. “Bueno mijo, igual ahí está publicado” señala con el dedo
hacia un tablero que dice “Notificaciones”. La norma así lo indica, publicar
notificación en la página web de la entidad y en físico en un lugar visible.
Wilson tiene dos opciones utópicas: pagar los más de 3
millones de pesos que suman las multas o
un abogado para “tumbarlas” amparándose en el derecho al debido proceso.
El recurso a interponer es una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que, en todo caso, podría tardar hasta tres años en resolverse. La moto
tiene un costo aproximado de 2 millones de pesos, calcula Martínez: “Imagínate
mi vale, la multa vale más que la moto, mejor que se quede en los patios”. Los
“patios” a donde llegan los vehículos que son “inmovilizados” son un cementerio
de más de dos mil motos que nadie va a reclamar.
Alcides Arrieta es un abogado cartagenero de 30 años que ha
estudiado el tema y opina que “los fotocomparendos son un negocio que está
afectando el patrimonio de los ciudadanos”. En sus pesquisas ha descubierto que
los procesos administrativos de los comparendos los realiza un tercero y no la
oficina de tránsito: “Un particular suplantando las funciones del organismo de
tránsito, eso es ilegal”. Sobre las notificaciones alega que el tránsito da por
sentado que se notificó al presunto infractor y no se "agota" el
procedimiento de notificación personal, como lo contempla la ley "y es ahí
donde está el negocio”.
El senador santandereano Mauricio Aguilar lidera el proyecto
de Ley 102 de 2015 que propone regular la implementación y operación de las
fotomultas "que acabaría con el indebido proceso". El legislador
coincide con Arrieta: “son un negocio de particulares, un asalto a mano armada
contra los conductores del país”. Denuncia además que muchos alcaldes
encuentran en esta “ayuda tecnológica” una fuente de recaudo “boyante” y montan
cámaras por doquier “sin ningún estudio técnico que justifique su instalación”.
(Consultar proyecto de ley)
Según el Simit, a corte de abril de 2014, las seis ciudades que más imponen fotomultas
anualmente son Medellín (480.312), Bogotá (271.192), Barranquilla (234.422),
Cali (197.811), Cartagena (71.270) y Puerto Colombia, Atlántico, -donde es casi
imposible no caer- (58.716), en su
mayoría vehículos particulares.
El dinero recaudado de estas infracciones dispone la ley “se
destina a planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y
seguridad vial”. El Datt informa sobre la distribución de esos recursos que una
parte le toca al consorcio privado que maneja el sistema de tránsito local
(Circulemos Cartagena), una gran parte al Distrito y otra al Simit. El Senador,
no obstante, sostiene que la distribución del recaudo en algunos casos es del
60 por ciento para el operador de las cámaras y el 40 para el municipio; pero
algunos contratos estipulan que si el operador no logra llegar al mínimo de
recaudo, al municipio le corresponde “completar la cuota” con sus propios
dineros.
“Compa, pilas que aquí están embargando por cualquier
infracción que dejes de pagar” le advierte el gestor a Wilson y lo invita a que
haga un convenio de pago. Vicky González y su familia llegaron de vacaciones a
Cartagena en su carro desde Bogotá y entraron por Turbaco donde los captó una
cámara de fotodetección, de las más temidas del sector. Seis meses después, su
esposo no pudo retirar dinero de la cuenta, la oficina de tránsito del
municipio le había embargado los 7 millones de pesos que tenía. Nunca les
notificó la infracción. Y así cientos de casos de abuso y malos procedimientos.
"Gracias a Dios me reenbolsaron el dinero, pero fue un trámite tortuoso,
son unos abusivos" comentó la afectada.
“Ellos (el tránsito) ya saben cómo funciona la cosa”,
manifiesta con picardía el abogado Arrieta “entonces por eso no corrigen esos
vacíos de procedimiento”. Y como Wilson, muchos tienen cómo alegar que se les
está violando el "debido proceso", pero la urgencia de sacar el
vehículo, realizar un trámite de compra y venta o renovar la licencia les
obliga a pagar cuantiosas sumas que quién sabe a qué bolsillo particular irá a
beneficiar. Wilson está buscando trabajo, “el barro está duro, pero algo
saldrá”, susurra mientras sorbe un vaso de tinto con los últimos 500 pesos que
le quedan.
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