sábado, 13 de agosto de 2016

El negocio de las fotomultas

Por Juan Diego Perdomo

Wilson Martínez sale todos los días a las siete de la mañana en una moto AKT 125 modelo 2010 que le presta su hermano Yoiner para que se “rebusque” como mototaxista. Un “viernes sin moto” en Cartagena se va de atrevido a trabajar en El Pozón, barrio en el que reside con su hermano, sus padres, compañera y tres hijos: “Salí por aquí mismito porque no tenía para el arroz”. Una joven le sacó la mano y pidió que la llevara a Las Palmeras, el barrio de al lado. De regreso por la carretera La Cordialidad, a la altura del motel Indiana, lo paró la policía de tránsito.

Martínez se quitó el casco, se mandó las manos a la cabeza y arrugó la cara. No tenía excusa “estaba caído”, cuenta. El policía sacó su comparendera y diligenció la infracción “por violar la restricción del día sin moto” y enseguida la inmovilizó. Alcanzó a hacer 5 mil pesos en dos horas. Le urgía entonces hacer el trámite para sacarla en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte –Datt- sede Marbella.

Entra y lo recibe un “gestor” que no es un funcionario adscrito a la entidad sino un particular que dice agilizar los trámites, le sugiere consultar primero en el Sistema Integrado de Infracciones de Tránsito –Simit-  a ver qué multas tiene. “¡Hijuputa!”, gritó, le registraba diez fotomultas cada una de 350 mil pesos.
Según el Datt en Cartagena hay diez cámaras de fotodetección ubicadas en diferentes sectores “estratégicos” de la ciudad. Muy bien mantenidas a diferencia de las de vigilancia.

Wilson llegó hasta quinto de primaria pero le gusta leer, es inquieto, curioso, preguntón. Meses atrás esperando para una cita médica de su hija menor leyó en El Tiempo que la Corte Constitucional estableció que para que las fotomultas pudieran cobrarse, debían notificarse previamente al supuesto infractor y por vía correo electrónico.
En efecto, la sentencia explica que la Ley 1383 del 2010, que reformó el Código Nacional de Tránsito –CNT- señala que los comparendos realizados por medios tecnológicos se deben notificar por correo dentro de los tres días hábiles siguientes a la infracción. Un abogado que lleva todos los días a la estación de Transcaribe en el sector de la bomba El Gallo le explicó también que las fotomultas “desaparecían” a los seis meses.

El mototaxista se acercó al módulo de las “fotomultas” y cuestionó a una funcionaria por qué nunca le notificaron de las infracciones, además de que le estaban cobrando cinco de hace siete meses y medio. El CNT en su artículo 161, establece que las contravenciones a las normas de tránsito caducan a los seis meses. En este tiempo, el tránsito debe identificar al infractor; pero si pasado este período no lo hace y aquel no se notifica voluntariamente, es obligación eliminarla del sistema. Ella sin mirarlo y de mala gana, le muestra el número de guía del correo certificado que envía el organismo como notificación. “Ni mi hermano ni yo vivimos ahí, esa no es la dirección” rebate. “Bueno mijo, igual ahí está publicado” señala con el dedo hacia un tablero que dice “Notificaciones”. La norma así lo indica, publicar notificación en la página web de la entidad y en físico en un lugar visible.

Wilson tiene dos opciones utópicas: pagar los más de 3 millones de pesos que suman las multas o  un abogado para “tumbarlas” amparándose en el derecho al debido proceso. El recurso a interponer es una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que, en todo caso, podría tardar hasta tres años en resolverse. La moto tiene un costo aproximado de 2 millones de pesos, calcula Martínez: “Imagínate mi vale, la multa vale más que la moto, mejor que se quede en los patios”. Los “patios” a donde llegan los vehículos que son “inmovilizados” son un cementerio de más de dos mil motos que nadie va a reclamar.

Alcides Arrieta es un abogado cartagenero de 30 años que ha estudiado el tema y opina que “los fotocomparendos son un negocio que está afectando el patrimonio de los ciudadanos”. En sus pesquisas ha descubierto que los procesos administrativos de los comparendos los realiza un tercero y no la oficina de tránsito: “Un particular suplantando las funciones del organismo de tránsito, eso es ilegal”. Sobre las notificaciones alega que el tránsito da por sentado que se notificó al presunto infractor y no se "agota" el procedimiento de notificación personal, como lo contempla la ley "y es ahí donde está el negocio”.

El senador santandereano Mauricio Aguilar lidera el proyecto de Ley 102 de 2015 que propone regular la implementación y operación de las fotomultas "que acabaría con el indebido proceso". El legislador coincide con Arrieta: “son un negocio de particulares, un asalto a mano armada contra los conductores del país”. Denuncia además que muchos alcaldes encuentran en esta “ayuda tecnológica” una fuente de recaudo “boyante” y montan cámaras por doquier “sin ningún estudio técnico que justifique su instalación”. (Consultar proyecto de ley)
Según el Simit, a corte de abril de 2014,  las seis ciudades que más imponen fotomultas anualmente son Medellín (480.312), Bogotá (271.192), Barranquilla (234.422), Cali (197.811),  Cartagena (71.270) y  Puerto Colombia, Atlántico, -donde es casi imposible no caer- (58.716),  en su mayoría vehículos particulares.

El dinero recaudado de estas infracciones dispone la ley “se destina a planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial”. El Datt informa sobre la distribución de esos recursos que una parte le toca al consorcio privado que maneja el sistema de tránsito local (Circulemos Cartagena), una gran parte al Distrito y otra al Simit. El Senador, no obstante, sostiene que la distribución del recaudo en algunos casos es del 60 por ciento para el operador de las cámaras y el 40 para el municipio; pero algunos contratos estipulan que si el operador no logra llegar al mínimo de recaudo, al municipio le corresponde “completar la cuota” con sus propios dineros.

“Compa, pilas que aquí están embargando por cualquier infracción que dejes de pagar” le advierte el gestor a Wilson y lo invita a que haga un convenio de pago. Vicky González y su familia llegaron de vacaciones a Cartagena en su carro desde Bogotá y entraron por Turbaco donde los captó una cámara de fotodetección, de las más temidas del sector. Seis meses después, su esposo no pudo retirar dinero de la cuenta, la oficina de tránsito del municipio le había embargado los 7 millones de pesos que tenía. Nunca les notificó la infracción. Y así cientos de casos de abuso y malos procedimientos. "Gracias a Dios me reenbolsaron el dinero, pero fue un trámite tortuoso, son unos abusivos" comentó la afectada.

“Ellos (el tránsito) ya saben cómo funciona la cosa”, manifiesta con picardía el abogado Arrieta “entonces por eso no corrigen esos vacíos de procedimiento”. Y como Wilson, muchos tienen cómo alegar que se les está violando el "debido proceso", pero la urgencia de sacar el vehículo, realizar un trámite de compra y venta o renovar la licencia les obliga a pagar cuantiosas sumas que quién sabe a qué bolsillo particular irá a beneficiar. Wilson está buscando trabajo, “el barro está duro, pero algo saldrá”, susurra mientras sorbe un vaso de tinto con los últimos 500 pesos que le quedan.