Por: Juan Diego Perdomo Alaba
Las últimas iniciativas legislativas del gobierno Santos vienen cargadas de generalidades, circunloquios, encomiendas extranjeras, concepciones foráneas, declaraciones cínicas y eufemismos, muchos eufemismos.
Las iniciativas legislativas en ciernes están revestidas de un aureola digna de un “santo”. Dos de ellas al parecer buscan regular libertades en contra del abuso de otros derechos. La tercera hará de la educación en Colombia un derecho asequible y de alta calidad.
El Ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas Lleras, presenta con benevolente actitud un proyecto que busca proteger los derechos de autor y propiedad intelectual en Internet. Un proyecto de ley que podría penalizar a todos aquellos que usemos Internet para subir u obtener música, películas, programas, libros, artículos sin pagar los derechos de autor para uso comercial. Una Ley antipiratería. También se buscaría armonizar las leyes de copyright internacional y así proteger artistas, creadores, escritores etc.
Sin embargo, su articulado es ambiguo y contiene un espíritu censurador y represor. Esta Ley es un estándar internacional por cumplir y una de las condiciones del TLC con los EEUU. El gobierno así lo reconoce. Entre sus objetivos oscuros está regular y vigilar el acceso, contenidos, información y datos. Se piensa en los “autores” pero no en el usuario. Las ISP, es decir los proveedores de Internet tendrían la facultad de bloquear cualquier contenido siempre y cuando según el borrador del proyecto, toque la etiqueta del copyright.
No socializar de una manera clara el vericueto Lleras, nos pone en desventaja. En los entresijos del proyecto está el de vigilar el pensamiento insurrecto y crítico de los usuarios, cercenar la Libertad de Expresión y negar el derecho de informar y ser informado. Es aquí donde nace el otro proyecto hermano de la Ley Lleras, la Ley de Inteligencia.
Según el concepto “políticamente correcto” del Ejecutivo, con esta Ley se busca crear un marco jurídico integral para orientar, regular y limitar esta actividad dentro del Estado, para que no ocurra lo de las Chuzadas del Das por ejemplo.No obstante, el proyecto de Ley dentro su articulado, (no se sabe sirviendo a qué intereses ocultos) propone, al perecer, castigar a los medios de comunicación que filtren información de inteligencia. Y los servidores públicos o agentes de inteligencia quedarían a salvo de dar testimonio o información que como agentes tuvieran, porque si lo hacen, también serían castigados. Es decir, si la norma existiera, Daniel Coronell estaría en la cárcel y la Mata Hari de paseo en la India.
Una Ministra como María Fernanda Campo, tan ingenua como tonta, que conoce la empresa privada y desconoce el sector de la Educación, nos regala este lugar común: “Invertir en educación de calidad es el mejor negocio que puede hacer un país”
Pues bien, Son 144 artículos los que presenta el borrador del proyecto a la reforma de la Ley 30 de Educación superior y ninguno refleja este aforismo cliché.
¿Un país que despilfarra anualmente casi el 6% de su PIB en defensa e invierte menos del 1% en educación superior es un buen negocio Ministra Campo?
Querer pensar la Educación desde afuera es un despropósito, calcar modelos y trasplantarlos a nuestra realidad en el tema educativo es tan o más mediocre que la falta en la calidad que quieren combatir. Eximirse elegantemente de garantizar los recursos para una reforma imperiosa y necesaria es faltar a un mandato constitucional, y acudir a la figura del privado como financista de ésta, es asaltarnos en nuestra inteligencia con una falsa idea de filantropía empresarial que si existe no es precisamente en Colombia.
Como siempre, la invitación es a cerrar filas en contra de la oscuridad legislativa que nos son presentadas con luces alógenas para encandilar nuestra razón y discernimiento. Estrategias que buscan cercar aún más nuestras libertades individuales, derechos constitucionales y el fenómeno postmoderno de la crítica libre y multimediática de la globalización, la misma que llevó al pueblo egipcio a la sublevación, al control social, a la movilización, al pensamiento libre.
Las últimas iniciativas legislativas del gobierno Santos vienen cargadas de generalidades, circunloquios, encomiendas extranjeras, concepciones foráneas, declaraciones cínicas y eufemismos, muchos eufemismos.Las leyes perfectas lo son en teoría, en la práctica son tan imperfectas como su proceso en sí. Partamos (en este escrito) pensando en lo peor para darle un pequeño margen de favorabilidad al gobierno.
El Ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas Lleras, presenta con benevolente actitud un proyecto que busca proteger los derechos de autor y propiedad intelectual en Internet. Un proyecto de ley que podría penalizar a todos aquellos que usemos Internet para subir u obtener música, películas, programas, libros, artículos sin pagar los derechos de autor para uso comercial. Una Ley antipiratería. También se buscaría armonizar las leyes de copyright internacional y así proteger artistas, creadores, escritores etc.
Sin embargo, su articulado es ambiguo y contiene un espíritu censurador y represor. Esta Ley es un estándar internacional por cumplir y una de las condiciones del TLC con los EEUU. El gobierno así lo reconoce. Entre sus objetivos oscuros está regular y vigilar el acceso, contenidos, información y datos. Se piensa en los “autores” pero no en el usuario. Las ISP, es decir los proveedores de Internet tendrían la facultad de bloquear cualquier contenido siempre y cuando según el borrador del proyecto, toque la etiqueta del copyright.
No socializar de una manera clara el vericueto Lleras, nos pone en desventaja. En los entresijos del proyecto está el de vigilar el pensamiento insurrecto y crítico de los usuarios, cercenar la Libertad de Expresión y negar el derecho de informar y ser informado. Es aquí donde nace el otro proyecto hermano de la Ley Lleras, la Ley de Inteligencia.
Según el concepto “políticamente correcto” del Ejecutivo, con esta Ley se busca crear un marco jurídico integral para orientar, regular y limitar esta actividad dentro del Estado, para que no ocurra lo de las Chuzadas del Das por ejemplo.No obstante, el proyecto de Ley dentro su articulado, (no se sabe sirviendo a qué intereses ocultos) propone, al perecer, castigar a los medios de comunicación que filtren información de inteligencia. Y los servidores públicos o agentes de inteligencia quedarían a salvo de dar testimonio o información que como agentes tuvieran, porque si lo hacen, también serían castigados. Es decir, si la norma existiera, Daniel Coronell estaría en la cárcel y la Mata Hari de paseo en la India.
Una Ministra como María Fernanda Campo, tan ingenua como tonta, que conoce la empresa privada y desconoce el sector de la Educación, nos regala este lugar común: “Invertir en educación de calidad es el mejor negocio que puede hacer un país”
Pues bien, Son 144 artículos los que presenta el borrador del proyecto a la reforma de la Ley 30 de Educación superior y ninguno refleja este aforismo cliché.
¿Un país que despilfarra anualmente casi el 6% de su PIB en defensa e invierte menos del 1% en educación superior es un buen negocio Ministra Campo?
Querer pensar la Educación desde afuera es un despropósito, calcar modelos y trasplantarlos a nuestra realidad en el tema educativo es tan o más mediocre que la falta en la calidad que quieren combatir. Eximirse elegantemente de garantizar los recursos para una reforma imperiosa y necesaria es faltar a un mandato constitucional, y acudir a la figura del privado como financista de ésta, es asaltarnos en nuestra inteligencia con una falsa idea de filantropía empresarial que si existe no es precisamente en Colombia.
Como siempre, la invitación es a cerrar filas en contra de la oscuridad legislativa que nos son presentadas con luces alógenas para encandilar nuestra razón y discernimiento. Estrategias que buscan cercar aún más nuestras libertades individuales, derechos constitucionales y el fenómeno postmoderno de la crítica libre y multimediática de la globalización, la misma que llevó al pueblo egipcio a la sublevación, al control social, a la movilización, al pensamiento libre.
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